Ha bastado que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, avanzara que el Gobierno prevé suprimir las 1.432 mancomunidades al completo en el marco de la Ley de Bases del Régimen Local y que serán las diputaciones provinciales las que se encarguen de gestionar las competencias de aquellos ayuntamientos que no lo puedan hacer dentro de los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para que de nuevo se confunda mancomunidad con comarca.

Desde mi punto de vista, y lo llevo manteniendo desde hace bastantes años, el problema deviene de una inadecuada distribución de las funciones territoriales, con coincidencias en las competencias que se solapan en distintas instancias, y, lo que es más grave, de la confusión de Mancomunidad con Comarca. Por eso están al frente de aquella políticos, cuando, al ser tareas exclusivamente técnicas, deberían estar en manos de personal cualificado y libre de condicionamientos políticos en la medida de lo posible, es decir, preferiblemente en profesionales cualificados, apartidistas, sin afiliación, (no apolíticos porque no existen), designados bajos los criterios de concurso público, mérito y capacidad.

Así al menos lo regularon en Cataluña, que desde 1.987 tiene normalizada la organización comarcal. Sus Comarcas han servido para la reforma indirecta de la estructura municipal. A la provincia única le dejan solamente prestar servicios públicos de carácter supracomarcal. A la comarca corresponde prestar servicios públicos de interés supramunicipal. Está regulado el gobierno de la Comarca, la elección de  los Consejos Comarcales y la organización interna. La elección de los Consejos combina la representatividad política de los Ayuntamientos agrupados en la comarca y la de la población global. Junto a los órganos básicos, Gobierno de la Comarca, Pleno, Presidente y Comisión de Cuentas, crean y destaca la figura del Gerente, con funciones ejecutivas, imitando a otros países europeos, y garantizando, mediante su designación y separación por el Pleno del Consejo Comarcal, la primacía del principio representativo y la supeditación de aquél a las directrices de los órganos políticos. A la mancomunidad sólo le otorgan un carácter fiduciario

Si en la comarca, que es un órgano político, ya incluyen la figura del Gerente como responsable ejecutivo a efectos de hacer operativa la institución y no de crear un órgano para colocar amiguetes y afiliados, mucha más importancia tiene esta figura en una mancomunidad que bajo ningún concepto, dada su adscripción voluntaria, debe ser fuente de conflictos políticos, sino de mera eficacia.

Ahora bien, aunque pueda estar sobrado de razones el Sr. Beteta en la necesidad de acabar con los cementerios de elefantes políticos, no es menos cierto, que los Estatutos de Autonomía, pueden poner coto a sus pretensiones y solo acabe con las mancomunidades por inanición financiera. Tal es nuestro caso, ya que el Estatuto de Andalucía, en su art. 94, se refiere expresamente a las mancomunidades, si bien, como tantas otras cosas relacionadas con la gestión municipal, sigue pendiente de desarrollo legislativo.

Pero en nuestro caso, todavía tenemos un arma más potente en el art.  97: La comarca, dice,  se configura como la agrupación voluntaria de municipios limítrofes con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines.  Por ley del Parlamento de Andalucía podrá regularse la creación de comarcas, que establecerá, también, sus competencias. Se requerirá en todo caso el acuerdo de los Ayuntamientos afectados y la aprobación del Consejo de Gobierno.

Pues nada, a ponerse en la tarea de aunar voluntades comarcalistas, ya que, el acuerdo de los siete ayuntamientos afectados es condición “sine qua non” para ser Comarca de una vez por todas, e incluso, puestos a ser ilusos, podríamos dejar una puerta abierta por si Gibraltar, algún día, que lo dudo, se anima a unirse al proyecto.

Estrambote: Como queda patente, el titulo de este comentario es una “boutade”, como la intención del Sr. Beteta. Ningún “elefante” perderá sus colmillos en esta batalla, como no han perdido sus sueldazos los alcaldes y concejales que cobran más que el presidente del Gobierno, al derrocar los votos de los partidos mayoritarios (PP, PSOE e IU), la propuesta de UPyD en el Congreso de los diputados, (http://www.youtube.com/watch?v=nyOtjisVFT0), confundiendo la vocación de servicio público, con servicio pagado, que recuerda más a las prestaciones de las meretrices cobrando por sus favores, que a la disposición de servir a los vecinos por puro convencimiento, buscando el bien común.

Helenio Lucas.